jueves, 1 de agosto de 2013

Contra la represión de las libertades sexuales

Las personas disidentes sexualmente del Partido Patriarcal, y en particular las mujeres seguimos sufriendo la violencia machista y heterosexista institucional cada día. El último ataque directo, la reciente denegación formal por parte del gobierno del PP al derecho a la reproducción asistida a todas aquellas mujeres que no vayan acompañadas al tratamiento de una pareja varón estable (son necesarios al menos 12 meses de intentos reiterados con el mismo hombre). Con esta medida, el gobierno del PP vulnera directamente el artículo 14 de la Constitución y supedita, nuevamente, el acceso a derechos por parte de las mujeres a la compañía de un varón. Impone modelos de familias heteropatriarcales y discrimina a quienes conforman familias diversas.

Ello con el agravante de que hace apenas unas semanas el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado sentencia a favor de una pareja de mujeres lesbianas a las que el Gobierno del Principado denegó la continuación del tratamiento de fertilidad una vez iniciado, por las mismas razones que ahora argumenta el PP. En un caso de clara lesbofobia institucional, y habiendo sentenciado el TSJA que ha habido discriminación y que se vulnera el artículo 14 de la Constitución, el Gobierno del PP no sólo ha desoído a las múltiples entidades y asociaciones que le han hecho llegar sus argumentos para que no impusiera la medida, sino que realiza una acto deliberado de desobediencia hacia el TSJA. Máxime cuando éste, en la propia sentencia, dictamina que interpondrá demanda hacia quien la incumpla. Así muestra su respeto hacia las instituciones de justicia este gobierno. Así desoye deliberadamente a los agentes sociales. Y así despilfarra recursos económicos y humanos en meterse, a sabiendas, en pleitos por aferrarse a sus más interiorizadas fobias e imponer sus modelos de vida, sexualidad y familia.

Y no olvidemos el anteproyecto de Ley de Corresponsabilidad Parental, la custodia compartida impuesta por el Juzgado: incluso aunque los progenitores no quieran, si el juez o jueza lo considera conveniente, tienen derecho a imponerla. Otra atrocidad más, sin respetar los acuerdos entre las personas afectadas.

Desde CGT condenamos el terrorismo de estado que el PP nos está imponiendo: represión, represión y más represión. Por salir a la calle pacíficamente, por exigir nuestros derechos “constitucionales”, por pedir que a las mujeres se nos trate igual que a los hombres.

No olvidemos nunca que los avances se consiguieron luchando. Sigamos con ello.