Tomando como reales estos datos, que suelen discrepar bastante con los de la Encuesta de Población Activa (EPA) y que hablan de 27.071 parados menos en noviembre, lo primero que llama la atención es que casi el 82% de esos 1.604.843 contratos firmados el pasado mes han sido temporales. Y mucho nos tememos que sigan subiendo los contratos a tiempo parcial, en muchos casos de apenas unas horas de trabajo a la semana, aunque el ministerio del ramo se ha cuidado de no airear el dato de contratos a tiempo parcial que afectan ya al 15% del conjunto de la población activa y nos sitúan en segundo lugar europeo.
Otro dato que se presenta como un nuevo éxito del Ejecutivo que preside Rajoy es el incremento de afiliadxs a la Seguridad Social en 1.620 personas, lo que con los 4 millones largos de desempleadxs apenas es una anécdota positiva. Otra observación a tener en cuenta es que el incremento de la ocupación se produce mayoritariamente en sectores muy estacionales, destacando los 24.859 contratos en educación (motivados por la enseñanza privada, que suele despedir profesorado al final de cada curso), el comercio con 19.585 afiliadxs más y la construcción, con 9.770 de subida. Según el ministerio de Fátima Báñez, el paro registrado baja en 10 comunidades autónomas, entre las que destacan Andalucía (-17.900), la Comunidad Valenciana (-9.807) y la Comunidad de Madrid (-4.678). En cambio sube en otros siete territorios, encabezados por Baleares (9.843), Galicia (3.066) y Canarias (1.477).
Para CGT el paro sigue suponiendo un drama para millones de trabajadorxs y sus familias, que se ven empujados a la pobreza, los desahucios de sus viviendas y el grave deterioro de sus condiciones de vida. Pero es que con la implantación de los contratos temporales, en prácticas o a tiempo parcial, gracias a las sucesivas reformas laborales pactadas por PSOE, PP y los sindicatos UGT y CCOO, tener un trabajo ya no es suficiente para llevar una vida digna, tal ha sido el deterioro de salarios y condiciones laborales en las últimas décadas.
Por otro lado, el abaratamiento del despido (cuya indemnización ha ido cayendo desde los 45 días por año trabajado a supuestos de 20 días) y la facilidad con que se aprueben Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) incluso a empresas con beneficios, está motivando la destrucción de empleo de cierta calidad (Indra, Renfe, Telefónica, automoción, banca, etc.) y su conversión en empleo precario y mal retribuido en subcontratas o mediante nuevas contrataciones pero con salarios y condiciones empeoradas mediante acuerdos de convenio impuestos por las empresas al sindicalismo todavía mayoritario.
