Reforma laboral: todo el poder a la CEOE

Imagen de Pedro Peinado

De entre las muchas cuestiones para recordar de la legislatura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, hay dos fechas especialmente destacadas en el ámbito laboral.

El 10 de febrero de 2012, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, conocido como la reforma laboral del Partido Popular. Un paquete de cambios legislativos orientado, según su exposición de motivos, "a facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis".

Consecuencia directa de la entrada en vigor de estas nuevas reglas del juego laboral, la segunda fecha que se recordará del periodo 2012-2015 es el 29 de marzo de 2012, la primera de las dos huelgas generales convocadas ese año por los sindicatos mayoritarios, que fue secundada por numerosas organizaciones auto­­nómi­cas, sectoriales o alternativas, en uno de sus últimos intentos de exhibir músculo en público.

Casi cuatro años después, y con la incertidumbre ante lo que pueda pasar tras la nueva configuración parlamentaria surgida de las urnas el 20 de diciembre, es buen momento para evaluar lo que ha supuesto la reforma laboral, qué consecuencias ha ocasionado y qué objetivos ha cumplido.

Para Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras, la valoración es "totalmente negativa", ya que ha supuesto "un incremento del poder empresarial y el intento de un debilitamiento de la negociación colectiva y de la intervención sindical, con una devaluación salarial importante que ha tenido como consecuencia la destrucción de empleo".

En su opinión, la reforma de 2012 continúa la senda abierta por la de septiembre de 2010 y se trata de "una reforma al servicio de los intereses de los grandes poderes empresariales y financieros".

Teresa Ramos, abogada del gabinete jurídico confederal de CGT, destaca que la reforma laboral ha significado "un empeoramiento en las condiciones laborales de las personas trabajadoras, la conversión a un empleo más precario y temporal, y la pérdida de empleo, que tuvo su cota máxima en el primer trimestre de 2013 con una tasa de paro del 26,94%".

Ramos también subraya que se sigue apostando por "la receta de la flexiseguridad, vieja conocida por las anteriores reformas laborales españolas y europeas, siendo un instrumento para facilitar el despido y la movilidad dentro de las condiciones laborales en detrimento de las personas trabajadoras".

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