sábado, 8 de febrero de 2014

Mi cuerpo es mío

La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que tenemos las mujeres. DERECHO, NO OBLIGACIÓN. Quiere esto decir que las mujeres (no la ley, ni la iglesia, ni el estado, ni ninguna otra persona) somos las que decidimos si queremos seguir adelante con el embarazo o no.

En un contexto cada vez más represivo sobre todo en aspectos laborales y sociales, las mujeres sufrimos las consecuencias de lo que llaman crisis: despidos baratos, contratos cada vez más precarios, privatización de servicios públicos con todo lo que afecta a sanidad, educación, servicios sociales casi nulos, eliminación de las ayudas a la dependencia, etc. Pretenden que las mujeres, poco a poco, volvamos a quedarnos dentro de casa, cuidando, sumisas, como hace 50 años.

La despenalización parcial del aborto en el 1985 fue un pequeño avance fruto de nuestra lucha que desenmascaró la posición política del PSOE respecto al aborto, lo cual quedó corroborado en la última reforma donde 25 años después lo mantuvieron como delito. Ahora, por las presiones de sectores ultraconservadores como la jerarquía de la iglesia católica quieren dejarnos sin nuestro derecho a decidir libremente.

Con el Anteproyecto del ministro de in-justica Gallardón, el poder abortar en la sanidad pública hasta las 14 semanas dejará de ser un derecho de las mujeres. Se podrá abortar en dos supuestos: Violación (alegable en las primeras 12 semanas) y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer (alegable en las primeras 22 sem.), y será dictaminado por especialistas.

Las menores de 16-17 años precisarán el permiso de su familia para abortar. Si hubiera discrepancia, un juzgado en un plazo de 15 días, determinara a quién da la razón. El aborto fuera de estos dos supuestos, será delito solo para el profesional médico que lo lleve a cabo (hasta 3 años de cárcel y 6 años de inhabilitación,) considerando a la mujer como menor de edad y víctima del aborto.

Esta concepción de la ley del aborto, acaba con la educación sexual y afectiva, con las medidas políticas y sociales, con el fomento del acceso a los métodos anticonceptivos, con los programas de planificación familiar y de formación para la juventud.

Desde CGT consideramos que el estado nos reprime de mil formas, y una más y muy dura para nosotras, es negarnos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra maternidad. El maltrato institucional nos aboca a la violencia estructural. Sin respeto a nuestras decisiones no hay futuro en igualdad para las mujeres.